Sentencia A. 1267/26

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1267 DE 2026

 

Referencia: expediente ICC-5594

 

Asunto: conflicto aparente de competencia suscitado entre el Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito de Medell�n y el Juzgado 003 Civil Municipal de la misma ciudad

 

Magistrado ponente:

Miguel Polo Rosero

 

Bogot� D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintis�is (2026).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, as� como en cumplimiento de lo dispuesto por el literal e) del art�culo 5 de su reglamento interno, profiere el presente auto, respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 El se�or Diego Le�n V�squez Calder�n present� una acci�n de tutela contra Caracol S.A., al estimar vulnerado su derecho de petici�n[1]. Como fundamento de la solicitud, indic� que prest� sus servicios a la empresa accionada entre el 21 de febrero de 2023 y el 13 de noviembre de 2025, en el cargo de asesor comercial, y que su remuneraci�n inclu�a comisiones asociadas al cumplimiento de presupuestos y metas de venta. Se�al� que, el 22 de junio de 2026, present� una petici�n ante Caracol S.A., en la que solicit� informaci�n y documentaci�n relacionada con (i) el cumplimiento mensual de sus presupuestos de venta durante los a�os 2023, 2024 y 2025; (ii) la contabilizaci�n de las gestiones que dieron lugar al pago de comisiones salariales; y (iii) los otros�es suscritos durante la relaci�n laboral. Al respecto, afirm� que, al momento de interponer la acci�n de tutela, la sociedad accionada no hab�a emitido una respuesta de fondo a dicha solicitud.

 

2.                 Con base en lo expuesto, el accionante solicit� el amparo de su derecho de petici�n y que, en consecuencia, se ordene a Caracol S.A., emitir una respuesta de fondo a la solicitud presentada el 22 de junio de 2026.

 

3.                 El 4 de agosto de 2026, el Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito de Medell�n declar� su falta de competencia para asumir el conocimiento de la acci�n de tutela y orden� remitir el expediente a la Oficina de Apoyo Judicial de los juzgados municipales de Medell�n para que fuera repartido entre dichas autoridades[2]. Como fundamento, se�al� que la solicitud de amparo se dirig�a contra Caracol S.A., sociedad de naturaleza privada, y sostuvo que, de conformidad con el numeral 1� del art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, las acciones de tutela promovidas contra particulares deben ser repartidas, en primera instancia, a los jueces municipales. En consecuencia, concluy� que correspond�a a estos �ltimos asumir el conocimiento del asunto.

 

4.                 El 6 de agosto de 2026, el Juzgado 003 Civil Municipal de Medell�n se abstuvo de avocar el conocimiento del asunto, propuso conflicto negativo de competencia y orden� remitir el expediente a la Corte Constitucional[3]. Para sustentar su decisi�n, se�al� que Caracol S.A., de acuerdo con su objeto social, tiene la condici�n de medio de comunicaci�n y que, por tanto, resultaba aplicable el factor subjetivo de competencia previsto en el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, seg�n el cual las acciones de tutela dirigidas contra la prensa y los dem�s medios de comunicaci�n corresponden a los jueces del circuito. Con apoyo en los autos 2633 de 2023 y 177 de 2024 de la Corte Constitucional, sostuvo que esta regla especial de competencia prevalece sobre las reglas de reparto aplicables a las tutelas promovidas contra particulares y opera con independencia del derecho fundamental cuya vulneraci�n se alegue. En consecuencia, consider� que el Juzgado 007 Administrativo Oral de Medell�n se apart� indebidamente del conocimiento del asunto, pues, dada su categor�a de juez del circuito, le correspond�a tramitar la solicitud de amparo.

 

5.                 El 6 de agosto de 2026, la Secretar�a General de la Corte recibi� el expediente. Luego, el 13 de agosto del a�o en cita, la Sala Plena lo reparti� y lo remiti� al despacho del magistrado ponente el mismo d�a.

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

6.                 La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la soluci�n de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996^[4]. Asimismo, se ha explicado que la competencia de esta Corporaci�n para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual^[5] y, en consecuencia, solo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administraci�n de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el tr�mite o en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicaci�n a los principios de celeridad y sumariedad que rigen al amparo constitucional, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administraci�n de justicia y, de esta forma, evitar la dilaci�n en la adopci�n de una decisi�n de fondo que garantice la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales^[6], tal y como lo precis� la Sala Plena en el auto 550 de 2018.

 

7.                 En la presente oportunidad, este Tribunal est� facultado para resolver el conflicto de la referencia, porque las autoridades judiciales involucradas en la controversia, pese a integrar funcionalmente la Jurisdicci�n Constitucional, desde una perspectiva org�nica, carecen de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que est� facultada para solucionar la colisi�n suscitada.

 

8.                 De acuerdo con los art�culos 86 de la Constituci�n y 8 transitorio de su t�tulo transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los art�culos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignaci�n de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes, �a prevenci�n�, los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneraci�n o la amenaza que motiva la presentaci�n de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos^[7]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones interpuestas en contra de (a) los medios de comunicaci�n, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito, de conformidad con el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, y (b) de las providencias adoptadas por las autoridades de la Jurisdicci�n Especial para la Paz, cuya resoluci�n corresponde al Tribunal para la Paz, en virtud del art�culo 8 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017; y (iii) el factor funcional, que opera para asumir el conocimiento de la impugnaci�n de una sentencia de tutela y que implica que �nicamente pueden conocer de ella, las autoridades judiciales que ostentan la condici�n de �superior jer�rquico correspondiente�^[8], en los t�rminos establecidos en el art�culo 32 del citado Decreto 2591 de 1991.

 

9.                 Particularmente, el inciso 3� del art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que �[d]e las acciones dirigidas contra la prensa y los dem�s medios de comunicaci�n ser�n competentes los jueces de circuito del lugar�.  En el Auto 693 de 2024, esta Corporaci�n dirimi� un conflicto de competencia en materia de tutela, en el cual, un juzgado de circuito se declar� incompetente para conocer una acci�n de tutela interpuesta contra un medio de comunicaci�n al estimar que la entidad accionada era una sociedad comercial particular y que, por tanto, el conocimiento del asunto correspond�a a los jueces municipales de la misma ciudad. En esa ocasi�n, la Sala Plena reproch� esta decisi�n, pues con ella, el despacho no solo se apart� del conocimiento del asunto con fundamento en la regla de reparto establecida en el numeral 1� del art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, sino que tambi�n ignor� lo dispuesto en el inciso 3� del art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, en relaci�n con el factor subjetivo de competencia. As�, la Corte record� que las acciones de tutela dirigidas contra la prensa y los medios de comunicaci�n deben ser conocidas por los jueces de circuito y no por los jueces municipales.

 

10.            Por otra parte, seg�n la jurisprudencia pac�fica de esta Corporaci�n, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino �nicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podr� ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho de acceso a la administraci�n de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resoluci�n del asunto en sede de instancia[9].

 

11.            En este orden de ideas, la aplicaci�n o interpretaci�n de las reglas de reparto no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. En lugar de ello, en estos casos, el juez debe tramitar la acci�n o decidir la impugnaci�n, seg�n el asunto puesto a su conocimiento[10]. En l�nea con lo anterior, la Corte ha se�alado que en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente ser� remitido a aquella a quien se reparti� en primer lugar con el fin de que la acci�n de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales[11].

 

III.           CASO CONCRETO

 

12.            De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:

 

(i)          Se configur� un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito de Medell�n no s�lo se apart� del conocimiento de la solicitud de tutela presentada por el se�or Diego Le�n V�squez Calder�n, con fundamento en la regla de reparto establecida en el numeral 1� del art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, al considerar que al demandarse a un particular el asunto es del resorte de los jueces municipales, sino que, adem�s, desconoci� lo dispuesto en el inciso 3� del art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, en relaci�n al factor subjetivo de competencia. En espec�fico, respecto a las acciones de amparo que se dirigen contra la prensa y los medios de comunicaci�n y la competencia atribuida en esos casos a los jueces del circuito y no a los jueces municipales.

 

(ii)        De esta manera, a partir de los criterios fijados en la jurisprudencia de esta Corporaci�n, la Sala Plena considera que le corresponde al Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito de Medell�n resolver la acci�n de tutela en cuesti�n, en tanto es la autoridad competente para asumir el conocimiento de la acci�n de tutela promovida de conformidad con el factor subjetivo desarrollado en el inciso 3� del art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991.  

 

(iii)     Con base en lo expuesto, se dejar� sin efectos el auto del 4 de agosto de 2026 proferido por el Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito de Medell�n, mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la acci�n de tutela impetrada, toda vez que se desconoci� la jurisprudencia constitucional sobre las reglas de reparto, el contenido expl�cito del inciso 3 del art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991 y se afect� la celeridad con que debe surtirse el tr�mite de esta acci�n constitucional. De igual manera, se ordenar� que se le remita por Secretar�a el expediente de la referencia para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisi�n a que haya lugar.

 

(iv)      En consecuencia, se advertir� al Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito de Medell�n que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su falta de competencia con base en las reglas de reparto y sin efectuar un an�lisis correcto de los factores de asignaci�n de competencia establecidos en los art�culos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en tanto ello desconoce el ordenamiento jur�dico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

 

IV.            DECISI�N

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero: DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 4 de agosto de 2026 por el Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito de Medell�n, en el marco del tr�mite de la acci�n de tutela promovida por el se�or Diego Le�n V�squez Calder�n contra Caracol S.A.

 

Segundo: REMITIR el expediente ICC-5594 al Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito de Medell�n para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisi�n a que haya lugar, de acuerdo con los fundamentos expuestos en esta providencia.

 

Tercero: ADVERTIR al Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito de Medell�n que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su incompetencia con base en las reglas de reparto y sin realizar un an�lisis correcto de los factores de asignaci�n de competencia en materia de tutela, en tanto ello desconoce el ordenamiento jur�dico y la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

 

Cuarto: Por la Secretar�a General de esta Corporaci�n, COMUNICAR la presente decisi�n a la parte accionante, al Juzgado 007 Administrativo Oral del Circuito de Medell�n y al Juzgado 003 Civil Municipal de la misma ciudad.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase.

 

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

Ausente con excusa

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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